La masacre de Florencio Varela puso en primera plana una vez más los graves y reiterados inconvenientes en la noche de buena parte del sur del Gran Buenos Aires, por la falta de controles y la presencia de empresarios irresponsables. Los hechos de violencia se repiten cada fin de semana, y los protagonistas, también.
No es casualidad que Santa Diabla esté otra vez envuelta en sucesos sangrientos. Una historia de asesinatos, golpizas y aprietes ponen en jaque el futuro del boliche quilmeño, de quien nosotros fuimos víctimas cuando nuestros delegados sufrieron una cruel emboscada en manos de una patota que respondió al dueño del local bailable en complicidad con la empresa de seguridad.
Fue el 3 de diciembre del año pasado. Nuestros representantes sindicales se prestaban a realizar tareas de fiscalización en cumplimiento de la ley nacional de Espectáculos Públicos -en compañía de inspectores del ministerio de Trabajo de la Nación- y fueron agredidos por un grupo de personas, sin mediar palabra alguna. Además, uno de los atacantes esgrimió un arma de fuego. No fue una tragedia de milagro.
Entre los agresores se identificó a uno de los empleados de la empresa Kratos SRL, firma de control de admisión y permanencia que presta servicios en el polémico boliche de Quilmes. Parece ilógico, pero es real: los que deben resguardar a los asistentes, se encargan de atacar e impedir el cumplimiento de la ley.
Son estos mismos empresarios los que se niegan a blanquear a sus trabajadores y no respetan la ley. Son estos mismos empresarios los que contratan personal de seguridad sin capacitación y sin carnet habilitante. Son estos mismos empresarios los que, en gran parte, impiden una noche con control y más segura para todos.
Por eso, a quienes conocemos la noche no nos sorprende ver la fachada de Santa Diabla en los noticieros o canales de televisión. Y lamentablemente, mientras no haya más compromiso de los poderes ejecutivos, volveremos a encontrarnos con la foto de un local bailable en la sección policiales de los medios.
Porque la solución debe venir desde el propio Estado, a través de los actuales gobiernos, quienes deben comprometerse a hacer cumplir la legislación vigente y celebrar acuerdos con claras intenciones de solucionar la preocupante problemática.
Lo volvemos a decir: hacen falta políticas de nocturnidad implementadas de forma mancomunada con participación de gremios, empresarios y Gobiernos municipales, provinciales y nacional. Necesitamos el compromiso de todas y cada una de las partes involucradas. Es la única manera de frenar los conflictos y tragedias en la noche.